En un contexto galopante de pobreza, las medidas que
defiende Izquierda Unida, tienen que tener un correlato que refleje y
corrija la realidad. Manuel Baena, diputado andaluz de Izquierda Unida,
obtuvo el respaldo del resto de los grupos parlamentarios –con una
desbordada demagogia del Partido Popular- para aprobar “la creación del
Grupo de Trabajo para analizar la legislación autonómica e internacional
en materia de renta básica de ciudadanía, al objeto de fijar el alcance
y las condiciones de una Ley que regule el desarrollo progresivo
de dicho derecho estatutario en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A propuesta del G.P. de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía”, como dice el diario de sesiones de ayer mismo.
Andalucía, como dijo Baena, parte de una situación de paro
del 35,9%, el 65,1 en menores de 25 años. En una quinta parte de los
hogares andaluces están todos sus miembros en el desempleo. Con
una precarización creciente de la población asalariada, unida al encarecimiento
de los productos básicos, el poder adquisitivo de las trabajadoras y
trabajadores ha caído en picado. Uno de cada cuatro pobres de todo el
estado es andaluz y más de medio millón de personas están sin cobertura
social alguna. El 6% de la población no come caliente durante más de dos
días y la tasa de pobreza alcanza ya el 31,7% habiendo crecido el dato de
la desigualdad en un 10% en los últimos años, retrocediendo en términos
temporales durante 6 generaciones de avances en el desarrollo humano.
Baena recordó a Robespierre quien, ya en 1792 acuñó la
célebre frase que decía: “La primera Ley Social es aquella que garantiza a
todos los miembros de la sociedad los medios para existir”. Frente a
una economía desposesora de derechos sociales, que no ofrece el
recurso más inmediato para satisfacer el mínimo vital, y aún reconociendo
la dificultad y complejidad de abordar este tema sin alcanzar las
leyes estatales sobre redistribución de la fiscalidad, es
indispensable abordar un derecho a la existencia a través de una RENTA
BÁSICA.
Porque la precariedad conduce al desempleo, el desempleo
lleva a la pobreza, la pobreza arroja a la exclusión social y la
exclusión destruye a través de la marginalidad, la dignidad humana, es
precisa una política valiente y transformadora que garantice el más
básico derecho humano que es el derecho a la existencia. Con él, el
derecho a los mínimos vitales –agua y luz-, el derecho al trabajo, el
derecho humano a la vivienda, se tiene que construir la alternativa
que Izquierda Unida en el gobierno andaluz está dispuesta, con el
apoyo social, de sacar hacia adelante.
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